Distintos sondeos de opinión de las últimas semanas han revelado el crecimiento que la opción del rechazo a la propuesta constitucional que la Convención se encuentra preparando, tanto así que algunas de estas encuestas muestran derechamente que el rechazo estaría ya superando al apruebo.
Lo fácil aquí es negar el fenómeno y simplemente apelar a una cruzada conspirativa de desinformación de la “élite”, “los poderosos de siempre” y los múltiples “poderes constituidos” (último término de moda acuñado por la siutiquería de la intelectualidad progre). Esta es la posición que precisamente han adoptado algunos convencionales y personeros de gobierno, como la ministra Camila Vallejo (PC).
Sin embargo, e independiente de las deficiencias de las mediciones y líneas editoriales de los grandes medios de comunicación, ONG’s, centros de estudios y empresas encuestadoras ponen en juego, algo por lo demás plenamente legítimo en una sociedad civil activa de un régimen demo burgués, el fenómeno es real. Expresa los alineamientos de distintas fracciones de clase que comienzan a configurarse frente al rediseño de la institucionalidad política.
Para entender el cuadro que comienza tomar forma hay que remontarse a los orígenes de la Convención.
Esta surge del acuerdo alcanzado por los principales partidos burgueses representados en Congreso, presionados por los hechos de violencia tumultuaria desatados a lo largo del país a partir del 18 de octubre. Estos últimos estuvieron lejos de constituir una insurrección, como muchos en la izquierda se apresuraron a ver. Prueba de ello es que el acuerdo no fue fruto del quiebre del aparato estatal.
Lo que sí es indudable, es que todo el sistema de dominación se encontraba desgastado y con importantes desafíos que resolver. Los partidos políticos sumidos en un vaciamiento programático, el sistema de representatividad cuestionado, la fractura de las instituciones ideológicas clásicas (escuela, iglesia, etc.), radicalización del movimiento mapuche y su demanda nacional territorial.
Todo el arreglo político-institucional erigido a partir del fin de la dictadura se había vaciado producto de la desaparición de los actores que lo encarnaron (la camarilla pinochetista, la cúpula de la iglesia católica, los partidos burgueses tradicionales) y el desgaste del patrón de acumulación.
También es indudable que la crisis burguesa se tensionó por la confluencia de clases medias, obreras y populares en un movimiento de masas de gran intensidad. En ese contexto, protagonizaron la escena política diferentes “movimientos sociales” de las clases medias que venían cuestionando el ordenamiento político surgido del fin de la dictadura y reformado durante la “transición”. Montados sobre el movimiento de masas y en el marco de la falta de organización y contenido político de las clases obreras y populares, estos sectores orientaron la protesta social hacia el cambio de la constitución
Si bien rondaba la idea en algunos sectores, los partidos burgueses nunca se habían jugado por la redacción de una nueva Constitución. De hecho, la misma Constitución del 80’ ha sido sometida a una serie de reformas que cambiaron sustancialmente la dinámica política (fin del sistema binominal) y los equilibrios de poderes (eliminación de los senadores designados y vitalicios y subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil) que consagraba esta en su versión original.
Es que en realidad, más allá de lo que diga un texto constitucional, el Estado no puede negar los cambios sociales y las correlaciones de fuerza existentes. Así, a pesar de que la actual Constitución sigue consagrando la protección de la «vida del que está por nacer» (artículo 19), el Tribunal Constitucional terminó dando luz verde en 2017 a la ley de despenalización del aborto por tres causales de Bachelet, algo que en otro momento de la transición hubiese resultado impensable.
El acuerdo del 15 de noviembre representó de hecho una forma de “airear” el sistema político, en el que los partidos reconocían su bancarrota y daban pie a un proceso de cambio constitucional con el objetivo de recomponer la legitimidad del sistema político con la posibilidad de que intervinieran en él otras fuerzas sociales y políticas.
Una vez instalada la Convención Constitucional, el descalabro de los partidos y conglomerados políticos es de tal alcance que no logran articular una definición clara en torno al régimen institucional y la conducción de los asuntos comunes de la burguesía, ante lo cual se articula cada vez más un bloque que amenaza con rechazar la propuesta de nueva constitución y buscar otras salidas dada la posibilidad de que esta exacerbe las contradicciones del sistema de dominación burgués.
Así, con el plebiscito de salida ya calendarizado para el 4 de septiembre, el escenario aun parece ser incierto. La campaña por el rechazo y la fuerza social que ha cobrado puede verse como el intento de ciertas fracciones de la burguesía (gremios, centros de estudios, líderes de opinión, cámaras empresariales, encuestas de opinión, etc.) por poner orden dentro de la convención para encauzarla a sus intereses, pero también se constituye en una herramienta que puede utilizar efectivamente para tratar de anular todo el proceso de la Convención. En esa línea, estas fracciones, a través de sus aparatos no estatales de dominación, se han lanzado a conquistar un sector importante de las clases medias y también populares (campaña de los fondos previsionales, apoyo a la educación subvencionada), de manera de contar con una base de apoyo en el próximo plebiscito.
Por su lado, los sectores “progresistas” han privilegiado la demagogia por sobre la claridad y la sencillez, además de no desplegar una política de masas al respecto. Pese al discurso radical y democratizador de independientes y dirigentes de movimientos sociales, las propuestas que hasta el minuto han sido aprobadas en la Convención no parecen significar un avance mayor para la clase trabajadora y expresan más bien una política identitaria o ciudadanista que en último caso confunde y fracciona todavía más al movimiento de masas. Quizás, la única salvedad sean las propuestas en materia de libertad sindical, derecho a huelga y negociación colectiva, derechos que podrían significar una mejora en las condiciones de lucha y organización de la clase trabajadora, pero que aún deben pasar por el pleno de la convención.