Constitución, política y dominación burguesa en perspectiva materialista

Por Maximiliano Rodríguez

En Chile se definirá prontamente la futura Constitución política. Pero ¿qué es eso de “política”?

Tal vez no haya una actividad más propiamente humana que la política. En efecto, esta es un ámbito específico de las relaciones sociales de los seres humanos que se refiere a las decisiones que regulan la vida en común de un determinado grupo. Este ámbito de la vida social del ser humano toma cuerpo en una institución particular: el Estado.

Aun a este nivel, surgen una serie de problemas. ¿Quién o quiénes y cómo toman las decisiones que atañen a la comunidad? ¿Qué instituciones velan porque dichas decisiones se cumplan efectivamente y cómo actúan?

El orden democrático-republicano es una forma de auto gobierno de la sociedad donde los individuos de la comunidad facultados para participar en la toma de decisiones y administración de los asuntos comunes de esta adquieren –en razón de dicha facultad– el estatus de ciudadanos, reconociéndoseles una serie de derechos para hacer valer legítimamente sus puntos de vista sobre los asuntos comunes de la sociedad, los cuales son garantizados por la instituciones del Estado independiente de quién esté a la cabeza de este (balance de poderes).

Se trata sin duda de una definición meramente formal y sintética, pero que no obstante recoge lo esencial de este tipo de orden político. Para pensar en un mayor grado de profundidad los problemas que surgen de la esfera política hay que moverse necesariamente a otro ámbito de las relaciones sociales. En otras palabras, la política no se basta a sí misma, sino que requiere de otra esfera para entender los conflictos que en ella se plantean.

Algo incuestionable al respecto es que, antes de que los individuos de una sociedad puedan siquiera pensar acerca de las reglas que deben regir la vida en común, esta, la sociedad, debe existir. O sea, debe ser capaz de producir a diario la serie de bienes y servicios que la existencia humana en determinado desarrollo histórico y lugar requiere. Nos situamos aquí en el ámbito económico de las relaciones sociales: aquella que se refiere a la producción y distribución de los bienes y servicios que los miembros de la sociedad necesitan.

Si se quiere pensar el problema político de la nueva Constitución desde esta perspectiva, hay que partir por reconocer que el Chile actual no es una sociedad cualquiera; sino una sociedad determinada, con características bien definidas en el ámbito económico. Y lo fundamental en este aspecto es que se trata de una sociedad capitalista. O sea, la producción y distribución de la gran mayoría de bienes y servicios necesarios se lleva a cabo a través de relaciones capitalistas: propietarios privados de medios de producción que compran fuerza de trabajo ajena para producir; primero, y vender con ganancias; después, los bienes y servicios que el conjunto de la población consume.

Esto tiene una serie de consecuencias necesarias, especialmente en el ámbito político. En primer lugar, y a contrario sensu de aquella izquierda que deposita una fe ciega en el “Estado”, «el Estado actual no puede ser concebido como “sociedad”, sino como representante de la sociedad capitalista, es decir, como Estado capitalista» (R. Luxemburgo).

Por otra parte, dado que la sociedad capitalista es una sociedad dividida en clases, los intereses que determinan el curso de las decisiones que atañen a la vida en común de este tipo de sociedades no son los de todos sus miembros, sino los de un grupo en particular. Y no de cualquier grupo en particular, sino los de la clase capitalista. De este modo, el Estado se presenta como el espacio institucional donde se realiza el interés general del capital. Interés general que resulta del constante tira y afloja de las distintas fracciones burguesas.

 La burguesía es –y será en lo inmediato– la clase políticamente dominante en Chile no porque lo dicte la nueva Constitución, sino porque la realidad económico-material así lo establece. La Constitución sólo consagra dicha situación en lo jurídico, pero no la crea.

La verdadera dificultad –y donde se marean las corrientes pequeñoburguesas, siendo además el punto de partida de sus concepciones demo ciudadanistas– consiste en desentrañar cómo, y a pesar de la explotación que en el ámbito económico ejerce sobre los trabajadores, la burguesía domina en la forma democrática, donde precisamente capitalistas y trabajadores son ciudadanos con los mismos en derechos políticos. Se trata de una paradoja similar a la que surge al momento de explicar la explotación a partir del intercambio voluntario e igualitario entre capitalistas y trabajadores en el mercado.

Así como para explicar la miseria de los trabajadores la mentalidad pequeñoburguesa recurre a las ideas de engaño, extorsión, colusión, etc.; en el ámbito político echa mano a argumentos similares para explicar cómo la “élite” suprime al final del día la voluntad popular.

Sin embargo, y sin negar la existencia de tales fenómenos, aquello no es lo fundamental que explica el lugar políticamente dominante que ocupa la burguesía en las sociedades capitalistas. Incluso en el régimen más democrático y transparente posible seguiría detentando aquella condición.

Para dar con la causa no queda otra más que hundirse nuevamente en las relaciones de producción sobre las que descansa el dominio burgués. Así,

¿Qué característica distingue a la sociedad burguesa de las anteriores sociedades de clase? Precisamente la circunstancia de que el dominio de clase no descansa sobre “derechos bien adquiridos”, sino sobre relaciones sobre relaciones efectivas de orden económico; y de que el sistema de salario no es una relación jurídica, sino simplemente económica. No se encontrará en todo [el] sistema jurídico una fórmula legal que corresponda a la actual dominación de clase.

[…] no existe ninguna ley que obligue al proletariado a someterse al yugo del capital; solo le lleva a ello la necesidad, la carencia de medios de producción.

Por lo mismo,

[…] todas las relaciones básicas del dominio capitalista de clase no pueden ser transformadas por medio de reformas legales y sobre una base burguesa, por la sencilla razón de que estas relaciones no han sido consecuencia de leyes burguesas, ni estas leyes les han dado su fisonomía.1

En consecuencia, todas las leyes habidas y por haber, incluyendo la futura Constitución política, son impotentes para cambiar las desigualdades sociales que surgen del régimen económico capitalista, por más que las ilusiones de las clases medias crean lo contrario. Toda la astucia legal y artilugios jurídicos son vanos.

Trabajadores y lucha democrática

Si no es capaz de cambiar la clase dominante ni las diferencias sociales propias de la explotación capitalista, ¿entonces cuál es el lugar y función que el ordenamiento político-legal juega en la lucha socialista de los trabajadores?

Una Constitución política debe ser lo más clara y sencilla posible, especialmente en lo que a derechos ciudadanos se refiere. Deben estar claramente establecidas las instituciones que los resguardan. Para los trabajadores es fundamental poder organizarse en pos de sus intereses de la forma más abierta y autónoma posible en el marco de la sociedad capitalista. Solo así puede desarrollar su lucha con total independencia de tal o cual fracción burguesa.

La sencillez cumple además la función de aclarar a los ojos de los trabajadores que su sometimiento como clase no surge de la esfera jurídico-política, por lo que no saca nada con ilusionarse con la inventiva legal y lingüística de las clases medias. Siendo una actividad humana por antonomasia, los “derechos de la Naturaleza” (sic) o la “sintiencia” (sic) de los animales no son más que abstracciones jurídicas vacías en el juego de poder de las distintas clases.

Naturalmente los trabajadores están interesados en que el Estado impulse políticas sociales no solo para mejorar su bienestar material, sino que también apunten a eliminar las desigualdades que frenan el goce y ejercicio de los derechos cívicos de sus miembros; teniendo siempre en claro que las diferencias sociales de fondo, aquellas que emanan de la explotación basada en la propiedad privada de los medios de producción, no pueden ni podrán ser abolidas en el marco del capitalismo, incluso bajo su forma más democrática.


1.  Rosa Luxemburgo: Reforma o revolución, Akal, pp. 80-81. Cursivas en el original.

2. Véase Borrador Nueva Constitución, mayo 2022. Disponible en: https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/05/PROPUESTA-DE-BORRADOR-CONSTITUCIONAL-14.05.22-1-1.pdf

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