Por Maximiliano Rodríguez
De cara al próximo plebiscito que zanjará la suerte de la propuesta hecha por la Convención Constitucional, se ha abierto todo un debate sobre la propiedad de los fondos de pensión y su destino en un eventual esquema de seguridad social. Hay sectores de la burguesía que han puesto el grito en el cielo agitando el fantasma que está en riesgo la propiedad de estos, y en consecuencia también su heredabilidad. Que esto solo sería el primer asalto para acabar definitivamente con la propiedad privada en todas sus formas.
Naturalmente se trata a todas luces de una exageración. Es verdad que en otros países de la región –Argentina, por ejemplo–, en un contexto de exacerbación de la demagogia nacional-populista en que derivó la dominación burguesa, los gobiernos echaron mano a los fondos de pensión para cubrir el hoyo en las finanzas públicas que el excesivo gasto fiscal generó, pero este está lejos de ser el caso en Chile.
Ahora bien, hay que preguntarse en qué afecta a los intereses de la clase trabajadora la propiedad de los fondos de pensión. La respuesta, en verdad, es que en nada; lo cual se contrapone a la demagógica campaña de defensa del actual sistema que invoca precisamente a los ahorros “de los trabajadores”, siendo la heredabilidad todo un punto de dicha campaña.
Es cierto que los fondos administrados por las AFP son propiedad de los ahorrantes y el dinero efectivamente existe. Así lo dejaron al descubierto los sucesivos retiros del 10%. Sin embargo, la propiedad privada no deja de ser una entelequia –una abstracción sin mayor contenido– para la clase trabajadora, que no va más allá de los artículos que consume a diario, de algunos bienes durables (como muebles, electrodomésticos y, en ciertas ocasiones, vivienda), mascotas y pequeños ahorros para los tiempos de paro y emergencias familiares.
La verdadera capacidad de ahorro –entendida como la posibilidad de juntar un monto de dinero capaz de liberar a su dueño de la necesidad de trabajar para costear su sustento cotidiano, y no el mero consumo diferido forzado como lo es el actual sistema– está vedada estructuralmente para esta clase social, y no puede ser de otro modo. Y no se trata de “abusos”, lucro, falta de competencia, baja rentabilidad de los fondos de pensión u otro, tal como lo presenta la crítica burguesa y pequeñoburguesa de la cuestión; sino por cómo se funda la relación de trabajo asalariado en el capitalismo.
En efecto, la clase trabajadora es aquel conjunto de individuos que venden su fuerza de trabajo al capital producto de la necesidad de conseguir un ingreso que les permita adquirir los bienes y servicios que requieren para su sustento. El salario –o sea, el ingreso que obtienen por la venta de la fuerza de trabajo– puede ser mayor o menor, pero en esencia se mueve dentro de límites que reproducen la necesidad de trabajar para poder vivir, de lo contrario, con el correr del tiempo, podrían juntar un monto de dinero que los liberase de dicha obligación. La acumulación misma del capital pone esos límites: cuando crecen mucho los salarios, bajan las ganancias de los capitalistas y estos cierran las fábricas, lo que lleva a un aumento del desempleo y una baja de los salarios; en cambio, cuando bajan mucho los salarios, aumentan las ganancias, los capitalistas invierten en nuevas fábricas, lo que provoca una caída en el desempleo y un aumento de los salarios. Y así sucesivamente.
Son solo las clases burguesas, y en parte también las clases medias, en la medida que parte de sus ingresos proviene de la distribución de la plusvalía, las que tienen verdadera capacidad de ahorro. Aparte de sus fondos previsionales, ellas complementan sus ahorros con otros instrumentos financieros durante su etapa económicamente activa: APV, fondos mutuos, acciones, adquisición de bienes raíces, etc., lo que les permite sobrellevar una vejez sin sobresaltos.
Se entiende entonces lo que hay finalmente detrás del debate de la propiedad y heredabilidad de los fondos de pensiones. Las cifras dadas a conocer por el ministro Marcel a propósito del proyecto de reforma del gobierno reflejan la cruda verdad. El personero de gobierno señaló que “solo uno de cada ocho trabajadores que fallece genera una herencia”. Agregando que: “Se ha generado la idea de que todos vamos a recibir herencia, y en realidad, lo que ocurre de manera mucho más generalizada, es la generación de pensiones de sobrevivencia”[1].
Como se ve, hay razones de fondo por la cuales un sistema de seguridad social que deja en manos de la capitalización individual el financiamiento de las pensiones de la gran masa de trabajadores retirados tiene que necesariamente fracasar. Puede tener otras virtudes, como el de dinamizar la acumulación capitalista al generar un flujo de financiamiento estable para las nuevas inversiones o alivianar la carga fiscal de la seguridad social. Pero ese es otro asunto, que en nada atañe a los intereses de la clase trabajadora.
La cuestión de la propiedad y la heredabilidad de los ahorros previsionales es pura ilusión para la clase trabajadora, que hay que combatirla para que no se deje manipular por determinadas fracciones burguesas.
Pero, así como hay que luchar contra la ilusión de la propiedad de los fondos de pensión, también hay que hacerlo con otras que provienen del ala “progre” de los partidos burgueses. Así, por ejemplo, es también indiferente para los trabajadores si la postergación forzada del consumo de sus salarios (cotizaciones previsionales) que mensualmente se les hace la administran agentes privados o una institución pública. La lógica es la misma, y no la va a cambiar un benevolente organismo “sin fines de lucro” del capitalismo de Estado.
El financiamiento es otro tema. Para la clase burguesa el contingente de la población trabajadora retirada no es más que peso muerto, que presiona sobre el gasto improductivo de la plusvalía en la forma de pago de pensiones solidarias por el Estado. Esto porque esta población ya no es explotada ni explotable en el futuro, y por tanto susceptible de extraérsele ganancia alguna. De este modo, incapaz de financiar su sobrevivencia con sus propios recursos, su mantenimiento significa al final del día una deducción de la plusvalía, con el agravante que esta no puede ser considerada como “salario social” (como salud, educación, cuidado de niños, etc.) ya que no reproduce ninguna fuerza de trabajo actual o futura. Solo gasto improductivo.
Así, la cuestión del financiamiento es una disputa que ocurre netamente al interior de la burguesía, y las clases que orbitan a su alrededor. Este puede recaer sobre la plusvalía apropiada directamente por el gran capital en la forma de impuesto a las ganancias, por un sistema “solidario” de reparto, que no es otra cosa que una redistribución de la plusvalía apropiada por las clases burguesas (gerentes, directivos, clase dirigente estatal, clases medias) en la forma de “salarios”, o una combinación de estas. Cualquiera de ellas igualmente indiferente para los trabajadores y sus intereses.
[1] https://www.emol.com/noticias/Economia/2022/08/04/1068933/marcel-heredabilidad-fondos-pensiones.html